quien invento el antifascismo?
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Mr. Flandin, expresidente del Consejo de Ministros, el más caracterizado defensor de la compenetración franco-alemana (¡dónde estará ya el recuerdo de 1870 y el de 1914!) y uno de los más autorizados simpatizantes con el nazismo fascista, ha publicado en la «Revue de París», un artículo donde muestra una hábil tendencia a desacreditar las democracias. Hácese, con ello, intérprete de la corriente que está envenenando al mundo.

No hay ya diferencia –argumenta el político francés– entre el fascismo y el antifascismo. El control de los cambios, la requisa de bienes en el extranjero, de divisas y de valores mobiliarios para aportarlos al acervo estatal, la nacionalización del crédito y de las empresas, la iniciación de enormes obras públicas, el sindicalismo obligatorio, la intervención del Poder Público en la Prensa, la sumisión de los funcionarios a la inspiración política del Gobierno, medidas todas que hoy defienden y procuran implantar las democracias, ¿qué son, sino dogmas fascistas, vigentes ya en los países de totalitarismo autoritario? ¿Dónde está, pues, la diferencia entre ambos regímenes?

El autor olvida el punto sustancial del problema. La diferencia, irreductible y mortal, no radica en la legislación sino en la fuente de la legislación. Esto es todo. Un régimen absolutista puede concebir leyes magníficas, pero los pueblos se niegan a admitirlas si no emanan de un poder legítimo, es decir, creado por la voluntad social. La razón es harto clara. Si se admite la arbitrariedad porque ha producido una obra buena, habrá que seguir consintiéndola, aunque produzca mil cosas malas. Enredada la cuestión en la apreciación del Derecho sustantivo, no se podrá discutir ya la legitimidad del sistema constituido. [91]

Los liberales españoles que, aunque parezcan locos, suelen discurrir de vez en cuando, dieron un ejemplo magnífico de esta distinción cuando el dictador español Primo de Rivera tuvo la audacia de promulgar un Código penal. ¿Acaso el Código era íntegramente malo? No, sino que tenía cosas buenas y aun quizá fueran en mayor número las buenas que las malas. Pero el cuerpo legal venía impuesto por un Gobierno nacido de un golpe de Estado, actuante por la exclusiva voluntad regia, destructor del Parlamento, legislador según su real gana, negador de cualquiera intervención, de cualquiera fiscalización, de cualquiera crítica, perseguidor tenaz de la libertad política y de la independencia judicial. Y el pueblo español, con magnífico sentido de su derecho, dijo que no quería oír hablar de semejante aborto, aunque se hubiesen reunido para redactarlo Licurgo, Justiniano y Alfonso el Sabio. Únicamente así pudo ese pueblo implantar un día la República.

Antes de que defendiera las democracias actuales el concepto del poder democrático, como único digno de respeto, lo habían proclamado los católicos al aceptar el derecho divino de los pueblos y repeler el derecho divino de los reyes. Si viviera hoy Santo Tomás, estaría al lado de la República española.

No se atreve Flandin a desconocer la virtud de la democracia, pero pretende cohonestar su posición, razonando de este modo. «En cuanto a que sean el nazismo y el fascismo sistemas antidemocráticos, es éste un error histórico, porque la democracia no tiene necesariamente por base la elección. En muchos aspectos, el nazismo y el fascismo son regímenes más democráticos que algunos parlamentarismos. Sin duda la coacción ha sustituido a la libertad, pero es una coacción igualitaria, quizás más democrática que algunas libertades oligárquicas».

Esta última frase demuestra lo insincero de la argumentación, porque ningún demócrata es partidario de la oligarquía; de modo que al enfrentar fascismo y oligarquía no se dicen dos cosas distintas, sino una sola. El fascismo se apoya siempre en una oligarquía.

Dejando aparte ese falaz inciso dialéctico, la esencia del argumento es viejísima y desprestigiada. Desde siempre, todos los Monarcas absolutos –para no alejarnos demasiado, recordemos de Luis XIV a Fernando VII– han sostenido que había de gobernarse para el pueblo pero [92] no por el pueblo. Tan espacioso argumento se destruye por sí solo. Pues, ¿quién ha de juzgar si, en verdad, se gobierna para el pueblo o contra él? Negadas al pueblo las funciones de la censura, del veto y de la revisión, creerá siempre (probablemente de buena fe) que todo cuanto hace lo hace en bien del pueblo, aunque consista en pasar a cuchillo a la mitad de sus súbditos. Por eso, cuando los pueblos se encontraron colocados frente a sistema tan brutal, no tuvieron más camino de defensa que el regicidio; y fue inmenso adelanto civilizador la instauración del sistema constitucional, con arreglo al cual la elección de los legisladores, la fiscalización parlamentaria, la responsabilidad, el plebiscito y otros instrumentos análogos, ponían en las manos del pueblo una autoridad flexible, contemporizadora, rectificativa, que permitía atemperar las leyes a las necesidades sociales sin acudir al remedio extremo y repulsivo del asesinato.

No, no hay democracia sino apoyada en el voto popular. Podrá haber tutelas, protectorados, instituciones misericordiosas, pero democracia, no.

El mismo Flandin lo advierte cuando –acordándose, sin duda, de que hace política en un país democrático y no le conviene chocar demasiado rudamente con sus institutos constitucionales– añade: «Únicamente es preferible el régimen parlamentario cuando se acepta como criterio de la democracia, la libertad; libertad de pensamiento, de prensa, de reunión, &c.».

¡Por ahí podía haber empezado! Si lo hubiera hecho, se habría ahorrado escribir el resto del artículo. Porque, en fin de cuentas, no hay libertad sin democracia ni democracia sin libertad. Y una de las libertades esenciales en la democracia es la del voto, a fin de que las leyes provengan de las autoridades legítimas, que no pueden ser otras, sino las designadas por el cuerpo social